Seis minutos le bastaron al alperovichismo para dar dictamen a tres proyectos de ley que prevén contrataciones directas para la realización de obras públicas.

A las 18 estaban citadas las comisiones de Asuntos Municipales, y de Obras y Servicios Públicos. A las 18.06, los despachos para que las iniciativas sean tratadas en el recinto durante la sesión de mañana ya tenían la firma de los legisladores oficialistas.

El 25 de febrero, el juez Salvador Ruiz dictó una medida cautelar haciendo lugar a una presentación realizada por el legislador Alberto Colombres Garmendia, y dejó en suspenso -de manera preventiva- la ley 8.541. Esta autorizaba al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a realizar obras sin llamar a una licitación. El magistrado señaló que la ley aprobada no contaba con fundamentos para habilitar la contratación directa. Ante este planteo, el legislador oficialista Sisto Terán señaló que acatarán la cautelar firmada por Ruiz. "Le vamos a hacer caso a la Justicia, se va a derogar esa ley (la 8.541) y se va a hacer una nueva con todos los fundamentos que, en principio, es lo que está pidiendo el fallo. Por lo que considero que este asunto quedaría zanjado", precisó.

En cuanto a los fundamentos de la nueva norma, Terán señaló que son "sencillos". Según el legislador, la necesidad de habilitar la contratación directa se sostiene en la celeridad para ejecutar fondos nacionales. "Si tenemos que hacer 1.000 módulos habitacionales en 10 meses y no contamos con un sistema ágil de contratación, corremos el riesgo de terminar haciendo 700. Además hay que pensar que tenemos a 1.000 personas esperando por una habitación y un baño", justificó. También defendió el sistema de contratación directa. "La licitación pública no es garantía de transparencia. De hecho hace tres años que la Corte Suprema de Justicia está tratando de licitar las obras del nuevo edificio y todavía no lo puede hacer", ejemplificó.

Las iniciativas que llegarán al recinto involucran la construcción de 492 viviendas con fondos nacionales, 1.000 mejoramientos habitacionales y un centenar de obras de provisión de agua potable, en el marco del plan "Más Cerca".

Exigen al PE que acate el fallo

El oficialismo pretende consagrar la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. Esa es la conclusión de legisladores de la oposición con respecto a proyectos que se tratarán mañana en la Cámara. El bloque "Tucumán Crece" impondrá el tratamiento de dos iniciativas con las que pretende eludir la medida judicial que frenó obras del Ipvdu ejecutadas mediante contratación directa en vez de licitación, tal como establece la Carta Magna provincial.

"Cumplir la Constitución no significa dictar leyes para eludirla. El texto constitucional exige motivos especiales (para no efectuar las licitaciones). No basta con que el texto de la ley manifieste que existen los motivos", deleznó el macrista Alberto Colombres Garmendia. El parlamentario del PRO que presentó el pedido de inconstitucionalidad de la ley 8.541 consideró que la medida cautelar que suspendió su aplicación es un "mensaje de la Justicia" que el alperovichismo debería escuchar. Colombres Garmendia recordó que durante los últimos días el Ejecutivo había solicitado el levantamiento de la cautelar y que ayer él respondió oponiéndose.

"Es increíble que quienes gobiernan desde hace 10 años digan que hay emergencia social y habitacional. O estamos frente a la confesión del fracaso de su gestión o se trata de una falacia que tiene como única finalidad evitar la licitación pública", fustigó Silvia Elías. La parlamentaria radical cuestionó los argumentos del oficialismo para defender las contrataciones directas. "En Tucumán, la emergencia es moral", ironizó.

Por su parte, el legislador demócratacristiano José Páez afirmó que el gobernador, José Alperovich, viola continuamente el "estado de derecho". "Se pretende encubrir bajo el disfraz de la emergencia económico-social la contratación directa de 492 módulos habitacionales del plan "Techo Digno", criticó el opositor.